LA CORTESÍA JUDICIAL LE DICE NO AL GOBIERNO DE MILEI

En un giro inesperado del destino, el gobierno de Javier Milei se encontró con un obstáculo legal que ni el mejor de los magos podría haber anticipado. El pasado 4 de junio, la Corte Suprema de Justicia se pronunció en contra de una presentación del Estado nacional, enmarcada en la causa que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición del salario docente. Claro, la situación se ha convertido en un verdadero rompecabezas para el Ejecutivo, que se debate entre la espada y la pared en un conflicto judicial con las universidades, los estudiantes y los docentes que se extiende por todo el país.

La historia se remonta al famoso decreto 759/2025, donde Milei decidió que la Ley de Financiamiento Universitario solo podría ejecutarse una vez que se definiera una fuente específica de recursos. Una idea brillante, si no fuera por el hecho de que la falta de fondos ha dejado a las casas de estudio en un estado de emergencia. Ante esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los rectores se pusieron en pie de guerra y promovieron un amparo colectivo para exigir al Estado que cumpla con la norma y garantice los recursos necesarios.

Pero, como todo buen drama judicial, la cosa se complicó aún más cuando el gobierno intentó deshacerse del juez Diego Martín Cormick, alegando que su vínculo con las universidades lo hacía un poco “parcial”. Sin embargo, la Corte Suprema no se dejó intimidar y desestimó todos los intentos de apartar a los magistrados. En su fallo, afirmaron que la actividad docente no implica necesariamente un interés personal en el resultado del litigio, lo que dejó al gobierno con las manos atadas.

El Máximo Tribunal también dejó claro que los mecanismos de recusación son excepcionales y deben interpretarse de manera restrictiva. Es decir, no se puede sacar a alguien del juego solo porque hay un par de vínculos académicos. Con esta decisión, la Corte reafirma su independencia y le pone un freno a los intentos del gobierno por controlar la situación a su antojo.

¿Qué hará Milei ahora con este revés judicial? ¿Podrá el gobierno salvar su imagen ante las universidades públicas?

LA EDUCACIÓN NO SE TOCA, MILEI!