¡LA UBA SE APODERA DE PLAZA DE MAYO EN UNA JORNADA DE LOCURA Y RECLAMOS CONTRA MILEI!

El pasado 15 de agosto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió tomar la emblemática Plaza de Mayo como si fuera su propio patio de recreo. Desde las 8 de la mañana, y hasta que se apaguen las luces de la ciudad, la UBA desplegó una jornada de servicios gratuitos que podría hacer sonrojar a cualquier político que no esté a la altura de las circunstancias. La consigna era clara: reclamar que el Gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Esas letras no son solo un adorno; son el grito de una comunidad que busca ser escuchada.

La movida no se limitó a un simple reclamo, sino que se convirtió en un festival de servicios que abarcó desde atención odontológica, clínica médica, hasta asesoramiento jurídico y contable. ¡Sí, leíste bien! Mientras algunos se quejan de la falta de atención en hospitales, la UBA decidió dar una mano a la comunidad. Para aquellos que se acercaron, también había espacios de orientación psicológica, porque claro, la salud mental no es un chiste. Se formaron largas colas, como si se tratara de un recital de rock, para acceder a estos servicios gratuitos, mostrando que la universidad pública no es solo un lugar de estudio, sino un pilar fundamental en la sociedad.

A pesar del bullicio en la Plaza de Mayo, las clases en las facultades de la UBA continuaron como si nada. La universidad no se detiene, y esta jornada fue una forma de visibilizar el trabajo diario que realizan docentes, investigadores y estudiantes. La situación presupuestaria no es un tema menor, y el conflicto se trasladó al espacio público, mostrando que la educación no puede ser un lujo, sino un derecho. Y mientras el Gobierno se toma su tiempo para cumplir con la ley, la comunidad universitaria decidió salir de las aulas para recordarle a todos que detrás de cada partida presupuestaria hay vidas que dependen de una universidad activa.

Todo este lío legislativo arranca con la Ley 27.795, sancionada en 2025, que fue más resistida que una comida fría en un almuerzo familiar. A pesar de que las universidades fueron a la Justicia para reclamar su aplicación, el camino fue todo menos sencillo. Pero, ¿qué se puede esperar en un país donde los problemas se resuelven a golpe de juicio? A fines de 2025, el juez Martín Cormick tomó cartas en el asunto y ordenó al Ejecutivo que aplique la ley. Sin embargo, el Gobierno apeló, y el tira y afloja continuó hasta que la Corte Suprema finalmente le hizo un tache al recurso del Estado, dejando claro que la ley no es opcional.

¿Cuánto tiempo más podrá el Gobierno ignorar esta situación? ¿Hasta cuándo las universidades deberán salir a la calle para hacerse escuchar?

¡LA EDUCACIÓN NO ES UN LUJO, ES UN DERECHO!